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Una batería podría hacer que se aplique un arancel a todo el coche

Geely Short Blade Battery
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Imaginemos dos coches eléctricos que salen de la misma línea de producción británica y llegan a Estonia en enero. Ambos tienen el mismo precio a la salida de fábrica, se cargan igual de rápido y recorren la misma distancia con una sola carga. Uno puede entrar en la Unión Europea sin pagar aranceles; el otro podría quedar sujeto a un arancel del 10 %. La única diferencia que cuenta es que el fabricante compró baterías de distinto origen para los dos coches.

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Detrás de este ejemplo hay una decisión que la Unión Europea y el Reino Unido tomaron en 2023. A partir del 1 de enero de 2027, se aplicarán normas de origen más estrictas a los coches totalmente eléctricos y a los híbridos enchufables que se vendan libres de aranceles entre ambos lados del canal de la Mancha. Ahora, a seis semanas de que venza el plazo, las asociaciones del sector de ambas partes piden a los responsables políticos que encuentren una solución. Está previsto que los líderes de la UE y del Reino Unido se reúnan en Bruselas el 20 de noviembre.

La mayor factura correspondería a las ventas de coches de la Europa continental a compradores británicos. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) y la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles del Reino Unido (SMMT) calculan que los aranceles sobre los vehículos vendidos de la UE al Reino Unido podrían alcanzar los 1.400 millones de euros el año que viene. En sentido contrario, sitúan el coste potencial en casi 400 millones de euros. Estas cifras proceden de organizaciones que buscan flexibilizar las normas. Un dato ya conocido ayuda a poner su previsión en perspectiva. Según las asociaciones, casi el 62 % de todos los coches nuevos totalmente eléctricos vendidos en el Reino Unido en 2025 se fabricaron en la Unión Europea. Los compradores británicos son muy buenos clientes de las fábricas de automóviles europeas.

Cómo una batería se convierte en una cuestión de 3.000 euros

El acuerdo actual permite acogerse al trato arancelario preferencial incluso cuando los materiales originarios de fuera de la UE y del Reino Unido representan hasta el 60 % del precio franco fábrica de un coche. En enero, ese límite bajará al 45 %. La batería de tracción también debe cumplir sus propias normas de origen. Por tanto, un coche puede quedar por debajo del límite global del 45 % y, aun así, perder el trato arancelario preferencial para todo el vehículo a causa de su batería.

Un cálculo sencillo permite a los compradores británicos hacerse una idea de la diferencia. Si un coche eléctrico británico importado a la UE tiene un valor en aduana de 30.000 euros y está sujeto a un arancel del 10 %, el importador tendrá que pagar 3.000 euros. Qué parte de esa cantidad se traslada al precio de tarifa depende de lo que decidan el fabricante y el importador. Pueden asumir parte del coste para competir, por ejemplo, con un coche fabricado en Alemania y comercializado a través del mercado único de la UE.

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Los fabricantes que cumplieron el plazo también tienen sus razones

Los fabricantes de automóviles recurren a su propia encuesta para defender la flexibilización de las normas. Sus resultados apuntan a que menos de una cuarta parte de los turismos y furgonetas totalmente eléctricos e híbridos enchufables que se vendan entre ambos lados del canal de la Mancha el año que viene cumplirían los nuevos requisitos. Si esa estimación es correcta, hay motivos para temer que algunas fábricas europeas pierdan pedidos británicos antes de poder abastecerse de baterías adecuadas.

Aun así, merece la pena escuchar a un fabricante que se haya tomado en serio el plazo. Supongamos que firmó un contrato a largo plazo con una fábrica europea de baterías y aceptó pagar un precio algo mayor durante los primeros años. Si un competidor puede seguir utilizando una batería importada más barata y mantener la exención arancelaria, esperar habrá resultado ser la mejor decisión empresarial. A quien financie la próxima fábrica de baterías le costará olvidar esa lección. Fue precisamente para proteger la inversión por lo que la UE y el Reino Unido limitaron en 2023 la facultad del Consejo de Asociación para volver a modificar las normas antes de 2032.

A mi juicio, en lugar de conceder una prórroga general, Bruselas y Londres deberían empezar por una pregunta: ¿con qué pruebas puede demostrar un fabricante que su batería cumple los requisitos? El pasado 19 de octubre, el Gobierno británico comunicó al Parlamento que estaba trabajando con la Comisión Europea para ultimar unas directrices conjuntas sobre el origen del material activo del cátodo de la batería. A seis semanas de la entrada en vigor de la norma, esas directrices ya deberían estar sobre la mesa del responsable de compras de una fábrica.

Si las directrices se hacen públicas y los fabricantes siguen pudiendo demostrar que no se pueden comprar en ningún sitio baterías que cumplan los requisitos en los volúmenes que necesitan, tendrán argumentos sólidos para solicitar una exención temporal. Entonces deberían poner también sus pedidos sobre la mesa. ¿Cuántas baterías han comprado a fábricas europeas y británicas, cuántas les faltan y cuándo comenzarán las entregas? Las respuestas ayudarán a determinar si una prórroga contribuiría a que una nueva fábrica de baterías pusiera en marcha la producción o si simplemente daría a un fabricante de automóviles otro par de años de motivos para no hacerle pedidos.